Que los comercios necesitan asesoramiento jurídico es un hecho de sobra conocido. Como sucede con muchas otras empresas, suelen apoyarse en abogados y en profesionales del sector para tratar temas fiscales, laborales, para realizar trámites con las administraciones públicas y para redactar contratos y resolver conflictos en materia comercial. De un tiempo a esta parte, las grandes cadenas de tiendas están destinando una parte del tiempo y del esfuerzo de sus abogados a abordar asuntos de índole penal. Nos asomamos a esta cuestión que para los tenderos suele pasar desapercibida.
España es uno de los países más seguros del mundo. El blog Los apuntes del viajero indica que nuestro país ocupa el puesto número 27 en el informe Global Peace Index, que elabora cada año el Institute for Economics and Peace. En el que se analizan 167 países de todo el planeta partiendo de cotejar los índices de criminalidad y algunos indicadores de estabilidad social.
Esta es una realidad que llama la atención de ciudadanos que nos visitan desde otras partes del mundo. En especial, de algunos países de América Latina como México, Argentina, Venezuela, Colombia…
Es cierto que los robos y las agresiones físicas son menos frecuentes en España, hoy, que en otros países. ¿Pero qué sucede cuando un tendero es objeto de uno de ellos? A esto hay que añadir que la criminalidad que afecta al comercio minorista se está moviendo por campos que hasta ahora nos eran desconocidos, o menos frecuentes. Como los delitos por internet, la sensación de seguridad de los empleados de las tiendas o las pérdidas patrimoniales.
De estos y otros asuntos se encargan los abogados penalistas que trabajan para tiendas abiertas al público. Pasamos a analizar los delitos que suelen abordar.
Robos.
En España se realizan entre 33.000 y 40.000 robos al año en establecimientos. La aseguradora ADT recoge el dato de que en el 2024 se denunciaron casi 38.000 robos y hurtos en locales comerciales.
Entre los delitos más comunes se encuentran los robos nocturnos y fuera del horario comercial. Los ladrones entran a robar cuando las tiendas están cerradas. Utilizando técnicas como el “alcantarillazo”, en el que el ladrón rompe la luna del escaparate de la tienda con la tapa de una alcantarilla o con un adoquín, entra en el establecimiento y en unos segundos comete la fechoría. Otro tipo de hurtos habituales son las llamadas pérdidas invisibles. Pequeñas sustracciones diarias, por lo general de productos al alcance del público, que a final de mes suman una cantidad considerable. Los robos con violencia son menos frecuentes, pero alguna vez se dan.
Los sectores más afectados por los robos, según esta aseguradora, son las joyerías, las tiendas de electrónica, las ferreterías, los bares y restaurantes; en especial cuando tienen máquinas tragaperras en su interior, y las tiendas de ropa, en cuanto a los pequeños hurtos.
Otro dato que nos llama la atención, y que hace público MMT Seguros, es que la mitad de los robos en locales comerciales en España se concentran en 5 provincias: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Vizcaya.
Sevilla es la provincia con mayor número de robos, que no por la cuantía de los mismos, que se ve superada por Barcelona y Madrid. En cuanto a ciudades, las 4 con más robos en locales comerciales se encuentran en la Comunidad de Madrid; son Leganés, Alcalá de Henares, Rivas-Vaciamadrid y Parla. Los municipios más seguros para los tenderos son Santa Cruz de Tenerife, Vitoria y Elche. Que coincide con que son las ciudades con más de 100.000 habitantes que menos robos registran.
A la hora de evaluar la cuantía de los robos, en España se calculan las pérdidas que provocan en el establecimiento. Que no se corresponden mecánicamente con el efectivo y el material sustraído. Sino que con frecuencia, los daños ocasionados en el local son superiores al valor del botín. Las pérdidas medias de un robo en España se sitúan en 1.300 €. Este es un promedio que sacan las aseguradoras computando los hurtos más sibilinos y los robos más agresivos. Por lo que un robo nocturno puede superar perfectamente los 2.000 € de pérdidas.
La judicialización de un robo en establecimientos comerciales se realiza de oficio. Una vez denunciado, la policía inicia una investigación y, en el momento en el que detiene a los sospechosos, traspasa el caso a la fiscalía y pone a los supuestos delincuentes a disposición judicial. Se supone que los intereses de la víctima están representados por el fiscal. Eso no quiere decir que la víctima no pueda personarse en el juicio, como acusación particular, asistida por su propio abogado, para hacer valer sus derechos.
Pérdidas patrimoniales.
Este es uno de los principales asuntos de índole penal que afecta a los propietarios de los comercios. Los abogados de Ejaso, un despacho de abogados con presencia en 9 ciudades españolas, con más de 250 profesionales en plantilla y con una larga experiencia trabajando con empresas dedicadas a la venta, señalan en su página web que España es el sexto país del mundo castigado por pérdidas de autoría desconocida en los comercios.
Lo hemos visto en el punto anterior, en cuanto a la modalidad de robo más cometida en España. Robos fuera del horario comercial. Un tipo de robo que, si bien no produce daños personales, sí provoca cuantiosos desperfectos materiales. Es más, los daños producidos en instalaciones y mobiliario suponen un serio varapalo para los propietarios. Si bien una parte de estos daños puede estar cubierta por los seguros, a eso hay que añadir las pérdidas de facturación que se producen en el comercio, que debe estar cerrado al público hasta que no se solucionan todos los destrozos.
Los robos son solo una pequeña parte de este problema. Los actos vandálicos son otra de las causas significativas. Durante las manifestaciones que se realizaron en el 2021 en el centro de Barcelona, como protesta por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, acusado de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, el periódico Economía Digital señala que se produjeron daños en 180 establecimientos por un valor total de 1,3 millones de euros. Fueron varias noches seguidas de batallas campales entre los manifestantes y la policía.
La gran mayoría de las manifestaciones que realiza la población civil son pacíficas. Pero hay algunas de ellas en las que hacen presencia provocadores y grupos violentos, que atacan el mobiliario urbano y los locales comerciales. El Paseo de Gracia de Barcelona y las calles aledañas son uno de los lugares más expuestos a este tipo de vandalismo.
Accidentes viales en las calles, daños colaterales en obras y ciertos descuidos de empresas o ciudadanos pueden ocasionar daños en fachadas e instalaciones de establecimientos comerciales. Estas acciones dan lugar a indemnización por daños y perjuicios al tratarse de un efecto derivado de la responsabilidad civil. Pero todos estos daños patrimoniales también implican responsabilidad penal. Puesto que se trata de un atentado contra la propiedad privada.
Ciberseguridad.
Entramos ahora en un campo relativamente nuevo. Los delitos perpetrados contra los comercios a través de internet y el uso de la tecnología digital. Aunque el comercio online dinamiza las ventas y facilita las compras de los usuarios, indudablemente entraña sus riesgos. Ajenos, la mayoría de las veces, a la voluntad de los comerciantes.
La Vanguardia señala que un 38% de las empresas han vivido algún tipo de percance derivado de la ciberdelincuencia en lo que llevamos del 2026. Un 35% han padecido entre 1 y 10 incidentes. Algunas veces, estos ataques comprometen los datos de los clientes, especialmente sus datos bancarios, como el número de la tarjeta de débito o de crédito. Muchos empresarios se quejan de que es mayor el daño reputacional de estos delitos que el montante de la operación en sí. Un delito o una estafa producidos en el ecosistema digital de una empresa generan un nivel de desconfianza entre la clientela y el público en general, del que es complicado recuperarse.
El empleo de pasarelas de pago seguras es básico para operar en internet. Sin embargo, la mayoría de ellas son de pago, por lo que muchos comerciantes y emprendedores buscan alternativas gratuitas, que pueden comprometer la seguridad de los datos de los clientes.
El phishing es otro de los delitos frecuentes que afectan a los comercios. Se trata de estafas, en las que el delincuente se hace pasar por una empresa o una tienda para recabar los datos personales de un usuario.
Cuando esto sucede, la empresa a la que se le ha robado la identidad debe demostrar que no es la causante del delito.
Con el malware, un hacker puede robar la base de datos de los clientes de una empresa. Una vez la tiene en su poder, el uso de la misma, que normalmente suele ser robar dinero o extorsionar a los clientes, se escapa del control de la empresa.
Los delitos digitales son un tema complejo, en el que los comerciantes suelen estar bastante indefensos. Muchas veces ni se denuncian porque no se ve clara su resolución.
Protección de los empleados.
La protección de los trabajadores en los establecimientos comerciales es otro punto importante a tener en cuenta. El trabajador es la cara visible de la empresa y es quien se ve obligado a lidiar con la frustración y el enfado de algunos clientes descontentos con el servicio o con el producto o, sencillamente, tienen que soportar expresiones de mala educación que pueden atentar contra su dignidad. Trabajar cara al público no es sencillo. Hay personas que no soportan este tipo de trabajo. Es cierto que la mayoría de las interacciones son amables y sin incidentes, pero siempre surgen situaciones tensas que son difíciles de manejar.
El blog Shoes for Crews los califica como riesgos psicosociales y a ellos están expuestos todos los trabajadores que trabajan cara al público.
El trabajo de atención directa al cliente expone a los vendedores a severos riesgos psicológicos que impactan de forma directa en su salud mental. La necesidad constante de mantener un trato profesional ante clientes que, en ocasiones, muestran conductas incívicas, agresiones verbales o actitudes hostiles genera una elevada carga emocional y situaciones de tensión sostenida.
A todo esto hay que añadir la sensación de aislamiento en el punto de venta, especialmente en tiendas pequeñas. Establecimientos atendidos por una sola persona durante varias horas seguidas, u horas de inactividad que se ven interrumpidas por un aluvión de clientes, que pueden llegar a mostrarse agresivos porque no se les atiende como esperan.
Esa máxima que funciona en el comercio de que “el cliente siempre tiene la razón” tiene sus límites. Cuando un trabajador es agredido física, emocional o verbalmente, está protegido por la ley. Y, por tanto, estos altercados son denunciables.
Protección integral.
Los abogados penalistas que trabajan para cadenas, franquicias y tiendas hablan de que es importante prestar una atención integral. Es decir, tener un equipo que sea tan capaz de representar a su cliente en un juicio por un robo del que ha sido víctima, como de asesorarle sobre el uso de medios digitales sin que tenga el riesgo de caer en incumplimientos legales o pueda ser objeto de algún delito por internet.
Esto implica tener un conocimiento amplio y diverso sobre el derecho penal. Manteniéndose al corriente de las novedades legislativas y de los nuevos caminos y manifestaciones que va cogiendo la criminalidad.
Del mismo modo, el equipo jurídico debe estar capacitado para asistir a su cliente frente a posibles responsabilidades penales en las que pudiera haber incurrido, aunque fuese de manera involuntaria.
Un asunto sensible es todo lo que afecta a la protección de datos personales de los clientes. En un artículo publicado por la revista Emprendedores, en el que habla de los motivos que pueden llevar a un emprendedor a la cárcel, señala que la venta, revelación o uso indebido de los datos de los clientes está castigado con penas.
Por tanto, en un panorama como el actual, en el que los derechos de las personas físicas y jurídicas están bastante protegidos, el asesoramiento a los comercios en materia penal es más que recomendable.
